Derogado el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

El pasado día 24 de enero se publicó en el BOE la Resolución del Congreso de los Diputados de fecha 22 de enero por la que se ordenó la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

En consecuencia, las modificaciones introducidas en la normativa sobre vivienda y alquiler dejan de estar en vigor, y se vuelve a aplicar la normativa vigente antes del 19 de diciembre de 2018. 

Este Decreto-ley debía ser convalidado por el Congreso en el plazo de los 30 días siguientes a su entrada en vigor. El Congreso de los Diputados ha votado en contra de su convalidación, por lo que los cambios que introducía han perdido su vigencia desde el día 23 de enero.

No obstante, durante el tiempo de su vigencia, desde el 20 de diciembre de 2018 al 22 de enero de 2019, sus efectos no han sido anulados, por lo que los contratos de alquiler formalizados durante ese período al amparo de la normativa establecida por el Real Decreto-ley, que ahora se deroga, tienen plena validez. Sin embargo, aquellos contratos de alquiler que se firmen a partir del 23 de enero de 2019 deberán formalizarse con arreglo a la legislación vigente hasta el día 19 de diciembre de 2018.


¿Cómo quedan, pues, algunos de los puntos más significativos de la regulación de los contratos de alquiler de vivienda tra la no convalidación del Real-Decreto-Ley?


¿Cómo queda la duración de los contratos de alquiler?
La duración mínima del contrato de alquiler de vivienda será de nuevo de 3 años, en lugar de los 5 o 7 fijados en el Real Decreto-ley.

¿Y la de sus prórrogas?
Las prórrogas tácitas volverán tener una duración de un año, en vez de los tres años que se establecía en el Real Decreto-ley.


¿Qué hay de las fianzas?
Los arrendadores podrán solicitar las garantías adicionales, al mes de renta que se establece como obligatoria, que consideren oportunas. El Real Decreto-ley derogado limitaba a dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales.


Acerca de los gastos de gestión y formalización del contrato.

El Real Decreto-ley establecía que, cuando el arrendador fuese una persona jurídica, fuese esta quien se hiciera cargo de los gastos de gestión y formalización del contrato de alquiler de vivienda. Con la recuperación de la normativa anterior será el arrendatario quien sufrague los gastos.


¿Qué ocurre con los contratos de renta reducida?
En la redacción del Real Decreto-ley la actualización de la renta no podía exceder del resultado de aplicar el incremento experimentado por el Índice de Precios al Consumo en cada revisión anual.

A partir de su derogación deja de existir esa limitación.


¿Y las viviendas turísticas?
El Real Decreto-ley fijaba una mayoría cualificada mínima (tres quintas partes del total de propietarios que representen, a su vez, las tres quintas partes de las cuotas de participación) para que las comunidades de propietarios pudieran limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas extraordinarias de gastos o incrementar hasta en un veinte por ciento la participación en los gastos de la comunidad.

Desde el 23 de enero, se vuelve a exigir la unanimidad de los propietarios y desaparece la posibilidad de establecer cuotas extraordinarias o de incrementar la participación en los gastos.

Las modificaciones en la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) sobre desahucio de viviendas que afecten a hogares en situación de vulnerabilidad y los cambios en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y la LITPAJD (Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)?
Todos los cambios en estas normas han dejado de estar vigor y se volverá a aplicar la normativa anterior al 19 de diciembre de 2018.